Nicolás Maduro, el dueño del odio

Nicolás Maduro, el dueño del odio

Ayer fue publicada en Gaceta Oficial la Ley contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada esta semana por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Desde la Casa Amarilla sede de la Cancillería, Rodríguez resaltó que Venezuela será referencia en el mundo con la aplicación de esta Ley que busca mantener la paz en en el país.

La ley fue solicitada por el presidente Nicolás Maduro. "Esta es una ley anticapitalista", agregó Rodríguez.

"Quien públicamente (...) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (...) será sancionado con prisión de 10 a 20 años", establece el artículo 20 de la citada ley.

Convocamos "a los ministros del área de la Educación, de Comunicación e Información, de Cultura. Sin dudas se trata de otro mecanismo para censurar y crear autocensura". "Ellos quieren convertir la paz en una especie de tregua (para), en cualquier momento que tengan la oportunidad, retornar con las guarimbas, y eso no lo podemos permitir", enfatizó ante los 545 legisladores populares.

La implementación de la ley también podría causar el cierre de medios informativos y la sanción de agrupaciones políticas opuestas al gobierno.

"Se trata de una farsa política con apariencia de legalidad que no tiene ningún efecto jurídico vinculante", afirmó la representante venezolana en la OEA, Carmen Velásquez.

Enfatizó en la necesidad de impulsar un debate nacional en torno al uso consciente de la comunicación digital y seguir protegiendo a la población de acciones de odio. Una, condena la práctica represiva del régimen de restringir la entrega y renovación de pasaportes y otras identificaciones a periodistas; y la otra, denuncia las numerosas violaciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa "con el propósito de silenciar voces disidentes".

- Se castigará con hasta 10 años de cárcel a todo funcionario que obstruya o no intervenga en la comisión de los hechos punibles en la ley.

Finalmente, precisó que además de organismos judiciales también resultaron objetivos de agresiones 200 centros de votación para intentar impedir que el pueblo venezolano se expresara democráticamente en los comicios para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio.